El desarrollo sustentable en México

Durante decenios, las políticas de desarrollo en México no dieron importancia a los costos económicos y sociales del crecimiento demográfico. La desigual distribución territorial de la población, el impacto de las actividades productivas y la urbanización sobre la calidad del aire, el agua y los suelos, ignorando las implicaciones de la degradación y destrucción de los recursos naturales, provocaron el surgimiento de graves crisis ambientales, especialmente en las zonas metropolitanas, así como la degradación de los suelos provocada por la deforestación en las zonas rurales.

Ante el creciente reclamo de la sociedad civil por la aparición de estas crisis, en la década de los setenta se crearon las primeras instituciones para atender los problemas derivados de la contaminación: en 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental; en 1972 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, en el marco de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, y en 1976 se estableció la Dirección General de Ecología Urbana dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Sin embargo, el concepto de desarrollo sustentable como tal comenzó a dársele importancia en México hasta finales de los años ochenta, gracias al trabajo realizado por grupos de investigación que lo impulsaron desde la academia y la postura oficial de cumplir con acuerdos internacionales que proponían su implementación, transitando de esta forma hacia una segunda etapa de creación de nuevas dependencias y leyes para la realización de este proceso orientado a la sustentabilidad a nivel nacional y local.

Aunque el primer antecedente en el país data de 1983, cuando se creó la Subsecretaría de Ecología en el seno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con lo cual se asignaron nuevas responsabilidades y se reagruparon funciones vinculadas con el medio ambiente que se encontraban dispersas en distintas dependencias federales, fue en 1988 cuando el proceso mundial agitado por el “Informe Brundtland” abre el tránsito hacia la sustentabilidad y de manera particular hace eco en México con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para propiciar un marco institucional más articulado entre las políticas sociales y ambientales. Poco tiempo después la Subsecretaría de Ecología separó sus funciones de normatividad y las de inspección y verificación, dando origen al Instituto Nacional de Ecología (INE) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En el mismo año también se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

En 1994, México da un gran salto institucional con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), lo que fortaleció la gestión gubernamental considerando la conservación ecológica y el uso sustentable de los recursos. En el 2000, la SEMARNAP pasó a ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el ámbito de responsabilidad de la pesca fue absorbido por el sector agropecuario. Y a partir de ese momento se han producido diversos cambios en la ingeniería institucional del sector gubernamental asociado a la gestión ambiental, los cuales buscan responder mejor a las complejas tareas que supone esta actividad. Algunas leyes relevantes que se han promulgado son:

  • La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente (1988, reformas en 2013)
  • Ley General de Vida Silvestre (2000, reformas en 2013)
  • Ley de Aguas Nacionales (1992, reformas en 2013)
  • Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (2007, reformas en 2013)
  • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003, reformas en 2013)
  • Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (2005)
  • Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2013, reformas en 2013)
  • Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001, reformas en 2012)

Además del fortalecimiento que se le ha dado al marco institucional con la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el año 2000 y la Comisión Nacional Forestal en el 2001.

Sin embargo, para establecer la prioridad del desarrollo sustentable se requieren cambios institucionales en diferentes planos que permitan operar y concretar con eficiencia las decisiones de política integradas que vayan más allá de las jurisdicciones secretariales, es decir, estos cambios deben implicar a todos los sectores y a los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior debido a que el modus operandi de las estructuras estatales tradicionales para la formulación de políticas públicas sigue predominando y resulta inadecuado para inducir el tránsito al desarrollo sustentable, ya que reproduce una dinámica institucional que no favorece la información al público, la transparencia de la gestión y la rendición de cuentas, así como la participación efectiva de los agentes interesados y la definición de metas viables calendarizadas sujetas a escrutinio y el cumplimiento de la normativa y de las políticas.

En México, la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos naturales ha sido creciente. El Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha estimado a través del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) que la depreciación de los recursos naturales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha oscilado anualmente entre un 11% y un 14%, desde 1985 al 2011, por lo que es algo a lo que debiera dársele una mayor atención política. Esta medición se expresa mediante el Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE), un indicador que permite identificar el impacto que tiene en la economía el uso y deterioro de los recursos naturales a causa de las actividades económicas de producción, distribución y consumo.

Aunado a ello y de manera sincrónica, los aspectos sociales se han deteriorado notablemente desde la implementación del modelo económico de apertura internacional y la emergencia de la política neoliberal a partir de 1982. Este deterioro se ha manifestado principalmente en el debilitamiento del empleo formal y del poder adquisitivo de los salarios, en la pérdida de calidad de los servicios de atención a la salud y la educación, así como en el aumento en el costo de la vivienda.

Para valorar esta problemática, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) creó el índice de marginación que da cuenta del estado que guardan las condiciones sociales estatales y municipales. En el año 2005 el porcentaje de población urbana con índice de marginación muy alto fue de 5.1% y con índice de marginación alto de 15.8%, mientras que para el año 2010, el porcentaje pasó a 4.6% en el nivel de marginación muy alto y a 20.1% en el nivel alto; dando esto muestra de lo señalado anteriormente sobre el cada vez mayor deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población. Continuando con lo anterior, en el 2005 la proporción de población urbana con marginación de nivel medio fue de 24.8%, de nivel bajo fue de 33.5% y de nivel muy bajo de 20.9%; mientras que en el 2010 los porcentajes fueron de 35.6%, 20.4% y 19.3%, respectivamente.

Asimismo, dentro de los desafíos para transitar a la sustentabilidad, es importante destacar el complicado proceso de transición a la democracia, que tiene un momento de inflexión en el movimiento estudiantil de 1968, del cual se deriva un proceso social que busca establecer un sistema electoral representativo de las diferentes fuerzas políticas del país. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, la autonomía del Instituto Federal Electoral en 1996 y el establecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información en el 2003 forman parte de los cambios necesarios para la vida democrática.

 

 

1 Comentario

Los comentarios están cerrados